La reunión se llevó a cabo en el auditorio del edificio de Naciones Unidas, en Mariscal López y Saraví, y contó además con la presencia de oficiales y referentes del organismo multilateral, como Carolina Taborga, de ONU Mujeres; Rosa Elcarte y Andrea Cid, de Unicef; Liliana Valiña, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos; Manuelita Escobar, de UNFPA; activistas sociales y de organizaciones de la sociedad civil, como Lilian Soto, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), entre otras.
Marciana Santander y Kelly Agüero, de ADESP; Miryam Agüero, del SINTRADOP; y Librada Maciel, del SINTRADI, coincidieron en que si bien el proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado hace unos días no es el que vienen trabajando desde hace varios años, es necesario impulsar su aprobación con modificaciones puntuales en la Cámara de Diputados.
Las trabajadoras domésticas pretenden que la Cámara Baja modifique los artículos 5 y 10 de la versión aprobada en Senadores, referentes a establecer los 18 años como la edad mínima para ejercer la actividad, y una remuneración equivalente al 100 por ciento del salario mínimo legal, en contraposición al 60 por ciento establecido por el Senado.
“En paraguay existen más de 230 mil trabajadoras domésticas. Queremos el salario mínimo, la igualdad porque mucho tiempo ya esperamos. No hay voluntad de nuestro gobierno para mejorar la situación de la mujer”, dijo Santander.
Maciel, relató que “lo que más costó fue hacer lobby con los senadores y senadoras, porque no es fácil venir varias veces a la semana, entrar en el Senado, pedir audiencia, y soportar que a veces nos echaban de ahí sin escucharnos”.
La representante de ONU Mujeres, hizo un repaso del proceso que llevó a la elaboración del proyecto de Ley que prácticamente fue cambiado por completo durante el trámite parlamentario que llevó a la media sanción en el Senado.
“Se trabajó en mesas de la que participaron las organizaciones de trabajadoras aquí presentes, instancias públicas como el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio de la Mujer; la Asociación de Empleadoras, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas, la OIT; fue un proceso muy largo para llegar al proyecto de ley en el cual se estipulaba que las trabajadoras domésticas debían tener un salario del ciento por ciento y una serie de otros derechos”, relató Taborga.
Incluso recordó una reunión en que Naciones Unidas y la OIT le “recordaron” al Estado paraguayo sus obligaciones frente al Convenio 189 sobre trabajo doméstico, ratificado por Paraguay, que entró en vigencia en mayo pasado.
“Evidentemente este es un problema difícil, es un problema que de alguna manera es la punta de un iceberg, que tiene que ver con la desvalorización que tiene el trabajo doméstico en general, es un problema que atañe a todas las mujeres y es un problema que muestra los déficit que tiene el Estado paraguayo y la sociedad paraguaya con el tema de los cuidados; no hay suficientes políticas públicas, ni programas ni proyectos que atiendan todo esto”, dijo Taborga.
Lilian Soto, del CDE, consideró que “es tan bruta la discriminación que nuestra Constitución establece que hay un mínimo legal para todos, pero acá se establece que hay un grupo que tiene que tener otro tipo de salario mínimo, que no es el mínimo establecido en la ley fundamental”.
Según Soto, el proyecto aprobado en Senadores “justifica que las niñas paraguayas sigan siendo criaditas, una práctica cultural terrible en este país”.
“Yo trabajé desde los siete años, pasé por todas las etapas, desde criadita hasta ahora que soy empleada doméstica; hay gente que no es sensible hacia esa criatura, le pone cajón de gaseosa, o una sillita, y ahí le pone, con el frío casi desnuda, para que pueda lavar los platos, la ropa, es doloroso”, dijo Kelly Agüero, de la ADESP, relatando su propia experiencia.
Rosa Elcarte, de Unicef, recordó que según cálculos del organismo en Paraguay hay unas 80 mil niñas en situación de criadazgo.
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